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Mañana, por este martes, el Consejo de Ministros aprobará la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que pasará de 1.134 euros brutos (en 14 pagas) a 1.184 euros brutos (en 14 pagas). Si bien hasta hace unos años esta referencia salarial era prácticamente marginal y cobrar el SMI era algo muy acotado a pocas profesiones y perfiles concretos, hoy es el día a día de unos 2,4 millones de trabajadores en toda España; 326.000 de ellos en Catalunya, según los últimos cálculos publicados por el Ministerio de Trabajo. Lo que a grandes rasgos vendría a ser el 10% de la población asalariada, que no es poco.
En poco tiempo el actual Gobierno, desde que Pedro Sánchez es presidente, ha apostado por dar un salto y elevar de categoría esta referencia un 61%. Para ponerlo en perspectiva con los vecinos, Portugal lo ha subido en ese mismo tiempo un 50% y Francia un 20%. Los empleados más vulnerables han visto mejorar su situación y así lo avalan una larga sucesión de variados análisis que se han ido publicando, desde el Banco de España, pasando por la Organización Internacional del Trabajo o la Fundación Iseak.
El avance es notable, pero no deja de retratar que España todavía es un país de salarios medio-bajos, por no ser más contundente. La mitad de los españoles cobraba menos de 1.650 euros brutos al mes (en 14 pagas) en 2022, según los últimos datos disponibles de la encuesta de estructura salarial del INE, una de las fuentes de datos salariales más completas. Una cuantía escueta, especialmente en grandes ciudades como Barcelona y Madrid, donde solo la vivienda ya devora gran parte de esa nómina.
Haciendo un ejercicio algo simplista, debo reconocérselo querido lector, España a nivel de salario mínimo se encuentra donde estaba Francia en 2012. Alemania, cuando estrenó su primer SMI en 2015, ya pagaba más de lo que paga hoy España. Si se mira desde el punto de vista contrario, Letonia está hoy donde estaba España en 2012. Por darle algunas referencias.
A medida que el salario mínimo ha ido aumentando ha ido cubriendo a una porción superior de la población, si bien las variables a través de las que podemos identificar a sus perceptores siguen siendo parecidas. El SMI lo cobra la empleada del hogar, el temporero, el repartidor de comida a domicilio, alguna trabajadora del servicio de atención domiciliaria o el personal de limpieza, por citarle algunos ejemplos. Mujeres, migrantes y jóvenes son los denominadores comunes.
Durante los últimos años el Gobierno ha jugado un papel de palanca salarial entre las capas más vulnerables que los sindicatos no han sabido o podido ejercer. Para 2020, CCOO y UGT habían pactado con la patronal CEOE que todos los convenios tuvieran un salario mínimo de 1.000 euros y en muchos sectores ese compromiso no se cumplió. Y ha tenido que ser el Estado quien aupara vía Boletín Oficial del Estado (BOE) los salarios más bajos.
En ese sentido, la comisión de expertos del Gobierno, formada por técnicos de distintos ministerios, alerta en su último informe de que cada vez trabajadores con experiencia y cualificados están cobrando cuantías muy cercanas al SMI. Lo que, indirectamente, nos está diciendo que no hay una discriminación efectiva y que se le paga igual a ciertos noveles que a ciertos séniors. Lo cual, a mi humilde opinión, es un error, pues no incentiva, entre otros, la promoción y formación profesional. Y pasa, a mi humilde opinión, por incrementar más esos salarios medios y no bajar –o no subir- el SMI.
Volviendo al inicio del boletín, mañana el Consejo de Ministros aprueba la revalorización del salario mínimo. El efecto inmediato será que las empresas que tengan trabajadores percibiéndolo deberán abonarles una ‘paguilla’ de hasta 50 euros que compense la nómina de enero, cuando la subida todavía no estaba definida. Lo que parece que se despejará será la duda sobre si el Gobierno aumenta o no el umbral de exención del IRPF. Hasta ahora los empleados que cobran el SMI no pagan este impuesto, al entender que viven con pocos ingresos y deben tener ese líquido en el bolsillo y no aportando a las arcas públicas.
Hacienda ha abierto la puerta a no actualizar el mínimo exento en la misma proporción, lo que implicaría que parte de esa subida de 50 euros se la ‘comerá’ el fisco. Dependerá de la comunidad autónoma y la situación personal de cada trabajador –si tiene hijos o no, por ejemplo-. En el caso de Catalunya, donde el primer tramo de IRPF es de los más altos, la no exención puede consumir hasta la mitad de la subida.
Es probable que mañana esta incógnita no se despeje y quede para días sucesivos. Trataré de mantenerle informado. Que tenga buena semana.
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