La vida, como reconocen la Constitución española, la Carta Universal de los Derechos Humanos y el pacto de derechos sociales de la Organización de Naciones Unidas , es inconcebible sin una vivienda. Una casa es un lugar en el que convivir, en el que echar raíces, interactuar con el entorno, acceder a la sanidad y la educación y, en definitiva, un ancla a través del cual desarrollarse como persona en todas las facetas. Sin embargo, en España en los años 60 y 70 “se desposeyó la vivienda de su función social y su valor de uso y se hizo que imperase el valor de acumulación y especulación. En lugar de hacer políticas encaminadas a garantizar el acceso a la vivienda, se hicieron políticas para que se convirtiera en el motor de la economía”, relata el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Carlos Macías. “Todos tenemos que vivir en algún sitio y ese sitio condiciona nuestro acceso a los servicios públicos. La vivienda es el lugar físico donde desarrollamos nuestra vida y por eso se considera un derecho fundamental”, explica el gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Burón.

Una vez conseguido ese derecho mínimo, la vivienda también debe ser digna y cumplir los requisitos de habitabilidad y suministros necesarios, pero también de calidad de vida. El arraigo a un barrio en concreto en el que se ha nacido y crecido también se tiene que respetar y no dejar que los altos precios sustituyan a los vecinos por otros con mayor poder adquisitivo, que es lo que se define como gentrificación o elitización. Esto es lo que describe Isabel García, de 49 años, que está sucediendo en el distrito en que ella nació, Nou Barris, que en su infancia era una barriada deprimida en la que vivían inmigrantes del sur de España pero con el tiempo han conseguido que su distrito evolucione. “Nou Barris ya no es lo que era, ahora es un barrio acogedor, con unas infraestructuras muy buenas y esto se ha conseguido porque la gente ha sido muy luchadora”, cuenta esta vecina muy orgullosa. Sin embargo, denuncia que muchas de esas personas de clase trabajadora ya no se pueden permitir vivir en él porque el mercado inmobiliario ya está por encima de su nivel adquisitivo.

Nou Barris es donde más se ha reducido la renta desde que empezó la crisis en 2008, con una bajada de 13,5 puntos entre ese año y 2013 y también se ha dado un cambio importante en el tipo de acceso a la vivienda pasando de la propiedad al alquiler. Es un fenómeno que también se ha producido en el resto de la ciudad donde desde 2008 han aumentado un 87% los contratos de alquiler, con lo que actualmente la oferta de pisos disponibles no consigue cubrir la demanda que hay. “Esto presiona el aumento de precios y provoca la sustitución de inquilinos de rentas medias, por personas de rentas más altas y procedentes de fuera”, describe en el Plan por el derecho a la vivienda 2016-2025.

Otro factor que influye en el mercado de la vivienda en Barcelona es el crecimiento del número de pisos turísticos o destinados a alquileres de corta duración. En la ciudad se calcula que hay unos 6.275 pisos turísticos ilegales. Este tipo de alquileres ofrecen a sus propietarios beneficios entre 2,35 y 4,07 veces superiores a los del alquiler de larga duración, pero reducen el parque inmobiliario y como consecuencia aumenten todavía más los precios.

“Me parece muy bien que haya turistas. Barcelona es una ciudad turística y a mí me enorgullece, pero también me gusta que haya gente de Barcelona que viva en el barrio, y si es gente joven, mejor todavía”, opina Josep Antoni Casanova, que es vecino del Eixample y también propietario de un piso que tiene en alquiler. Los jóvenes son uno de los colectivos más vulnerables y en los últimos años su número se ha reducido en la ciudad pasando de un 17,6% en 2011 a un 14,2% en el año 2015. El sobreesfuerzo económico para emanciparse hace que deban optar por instalarse en las afueras de la ciudad o por compartir piso con otras personas, como sucede en el barrio de Sants-Montjuïc, donde se da un gran número de pisos compartidos.

Esta situación es el resultado de la falta de regulación del mercado inmobiliario. “La vivienda es un bien irremplazable, imprescindible para resguardar la dignidad humana demasiado importante para dejársela en exclusiva al libre mercado cuyo objetivo es obtener el mayor beneficio económico en el plazo más corto asumiendo los menores riesgos posibles”, explica Javier Burón. Se refiere a que, mientras que a nadie se le ocurriría por, razones obvias, dejar que algo como los medicamentos estuviera regulado únicamente por la oferta y la demanda, en España sí se permite que el derecho básico de la vivienda se rija por intereses económicos.

“Como mínimo, debería garantizarse el derecho a una vivienda adecuada, que incluye aspectos como la asequibilidad o la seguridad de tenencia, que no está suficientemente garantizado por la Ley de Arrendamientos Urbanos actual, porque permite privar a una persona de su vivienda alquilada con un solo mes de preaviso”, asegura el consultor en investigación social aplicada a la vivienda, Max Giglin. En definitiva, implica que las administraciones entren a regular el mercado inmobiliario y se empiece a recuperar el tiempo perdido respecto a los países vecinos del norte de Europa donde se llevan haciendo políticas de vivienda desde finales del siglo XIX y principios del XX.

“En España, durante 100 años no hemos hecho políticas públicas de vivienda, y este es el resultado de llevar más de un siglo mirando para otro lado”, denuncia Javier Burón. Con ello no pretende desmerecer algunas iniciativas que se han hecho, pero asegura que es un problema estructural y que necesita intervenciones estructurales para llegar a los niveles de Austria, Holanda o Suecia. En estos países una gran parte del parque inmobiliario está en manos de la administración o de otro tipo de actores como cooperativas u organismos con un ánimo de lucro limitado que operan las viviendas al margen de la dinámica estricta del mercado. “La lógica de este conjunto de operadores que están presentes en muchos países de la Unión Europea es tener el parque más grande posible, que genere unos ingresos suficientes para mantenerlo de forma que se pueda prestar alquiler asequible a largo plazo”, detalla este responsable del Ayuntamiento de Barcelona.

Pero la realidad de la ciudad condal es muy diferente, el parque de vivienda pública no representa más del 1% y la solución pasa por limitar las subidas de los precios de los alquileres privados tal y como han hecho en los últimos años ciudades como París o Berlín. En enero de 2015 entró en vigor en Francia la Ley Alur que incluye un índice de limitación de precios del alquiler. Según este sistema, el Observatorio de Alquileres de París establece por cada barrio y en función de parámetros como el número de habitaciones o el estado del piso, un precio recomendado y al sumarle un 20% se extrae el máximo que se puede cobrar por él. En Berlín también existe una ley parecida que impide que al terminar un contrato los propietarios puedan subir el alquiler más de un 10% y en ambos países estas medidas están apoyadas por ayudas tanto a los inquilinos como a los propietarios.

Según el Plan del derecho a la vivienda 2016-2025, el Ayuntamiento de Barcelona implementará un índice parecido al de estas dos capitales estableciendo los precios recomendados por barrio, pero hasta que no se apruebe una ley que lo haga vinculante, será meramente orientativo. Es competencia de la Generalitat y del Gobierno central desarrollar una ley de vivienda ambiciosa que regule los precios del alquiler además de obligar a los grandes propietarios de inmuebles, como los bancos y los fondos de inversión, a asumir la responsabilidad social que supone gestionar un derecho básico.

Era lo que pretendía hacer la ley catalana 24/2015 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética que se aprobó gracias a una Iniciativa Legislativa Popular después de una intensiva recogida de firmas, pero el gobierno del Partido Popular la impugnó ante el Tribunal Constitucional y este suspendió provisionalmente los artículos relativos a la vivienda .

Mientras el consistorio presiona a las demás administraciones para generar el marco legal necesario, sigue trabajando en otros ejes en los que sí tiene competencia como es la lucha contra los pisos turísticos ilegales, imponiendo sanciones a las empresas que los gestionan o promueven, e intentando activar aquellos pisos que están vacíos en la capital catalana. En este punto actúa de dos maneras, en el caso de grandes tenedores, se imponen sanciones, y en el de pequeños propietarios, se les ofrece ayudas para reformarlo e incentivos para que lo alquilen a un precio un poco inferior al de mercado a través de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

“Hay que desmontar la mentalidad que se ha ido formando en los últimos 70 años y hacer entender a los propietarios de pisos en alquiler que pueden sacarles rendimiento, pero no es necesario maximizar el beneficio, que esa vivienda no sirve para acumular riqueza sino para que viva una persona o una familia”, explica desde la PAH Carlos Macías. En esta línea, Javier Burón explica que el consistorio de Barcelona, “que históricamente había destinado gran parte de su inversión en parque público a la venta, a partir de ahora el 80% se dedicará al alquiler social y público”, donde el primero se destina a las personas en riesgo de exclusión residencial y el segundo aspira a mantener unos precios de alquiler asequible para los vecinos de la ciudad.

Los objetivos del Ayuntamiento en esta materia para los próximos 10 años son ambiciosos, sin embargo considera que sus capacidades están limitadas si no intervienen otros actores. “Esto requiere el concurso de otras administraciones públicas, de otros poderes del Estado, del tercer sector, del mundo cooperativo y de determinados actores del mercado. Haremos lo máximo que se nos puede pedir dentro de nuestras competencias y capacidades y buscaremos el mayor número posible de alianzas con otros, pero solos no podemos”, concluye Javier Burón y asegura que estas son políticas que no se ajustan a los tiempos de las legislaturas, se trata de políticas de ciudad, de país o de Estado para devolver un derecho que nunca debió dejar de serlo.